Sostiene que el Gobierno no acostumbra anunciar paquetes de medidas económicas, salvo en materia de seguridad social, donde despliega toda la potencia del Estado con un doble fin: aumentar los niveles de protección de los sectores medios y bajos de la población e impactar en la economía a través de un fuerte impulso al consumo. La estrategia tiene un componente adicional, que es destinar la mayor cantidad de recursos a quienes perciben menores ingresos, en un combate directo contra la pobreza.
La traducción a números fríos de las seis medidas anunciadas ayer refleja que serán beneficiados 7.410.000 menores con las subas de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo, unas 60 mil embarazadas con la asistencia particular a ese sector, alrededor de 2.600.000 chicos que cobran la ayuda escolar y unas 200 mil familias que perciben el subsidio de contención para costear los gastos de sepelio de jubilados. La suma no es lineal porque puede haber beneficiarios cruzados. En cuanto a los montos de dinero involucrados, los aumentos implican una erogación adicional para el Estado de 16.803 millones de pesos al año, hasta 41.076 millones, contra los 24.273 millones previstos anteriormente. Son 1400 millones de pesos más por mes que se volcarán al consumo.
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